La autoridad del Tribunal y el peligro de la política

Título original:

The Authority of the Court and the Peril of Politics

Contenido del libro:

Un juez en ejercicio reflexiona sobre la autoridad del Tribunal Supremo: cómo se ganó esa autoridad y cómo las medidas para reestructurar el Tribunal podrían socavar tanto el Tribunal como el sistema constitucional de controles y equilibrios que depende de él.

Un coro creciente de funcionarios y comentaristas sostiene que el Tribunal Supremo se ha vuelto demasiado político. Desde este punto de vista, el proceso de confirmación no es más que un ejercicio de fijación de agendas partidistas, y los juristas no son más que "políticos con toga": sus filosofías judiciales, aparentemente neutrales, son un mero camuflaje de convicciones conservadoras o liberales. Como resultado de esta crisis percibida, y por primera vez desde la era del New Deal, se habla seriamente de empaquetar los tribunales en nombre del equilibrio ideológico.

El juez Stephen Breyer lanza una advertencia. Consciente de la historia del Tribunal, sugiere que la autoridad del poder judicial, ganada con tanto esfuerzo, se vería empañada por reformas basadas en la suposición de un sesgo ideológico. Al no tener, como observó Hamilton, "influencia ni sobre la espada ni sobre la bolsa", el Tribunal se ganó su autoridad impartiendo justicia imparcial y acumulando así la confianza del público. Si la confianza pública está ahora en declive, la solución es promover una mejor comprensión de cómo funciona realmente el poder judicial: en su inmensa mayoría, los jueces se adhieren a su juramento para evitar consideraciones de política y popularidad. El peligro al que se enfrenta el Tribunal Supremo proviene menos de los jueces partidistas que de los ciudadanos que, alentados por los políticos, equiparan la justicia imparcial con resultados judiciales agradables.

Breyer advierte que la confianza pública se vería erosionada por la intervención política, echando por tierra la autoridad del Tribunal. Sin la confianza del público, el Tribunal ya no podría actuar como control de los otros poderes del Estado y como garante del Estado de Derecho, amenazando los cimientos de nuestro sistema constitucional.