The Right to Higher Education: A Political Theory
Muchos asumen que el derecho de una persona a la educación termina con la escuela secundaria, y que la educación superior es un añadido de lujo. La conversación sobre la educación cambia de forma palpable una vez que nos centramos en la educación superior en lugar de la educación a la que normalmente pensamos que tienen derecho los ciudadanos cuando son niños y adolescentes. Se habla más de competencia por las plazas universitarias, de pruebas estandarizadas y de admisiones de élite. Se analizan las diferencias entre los beneficios de la educación para el individuo y las cargas que supone el apoyo financiero público a dicha educación. El paso de la educación de los niños a la educación de los adultos marca una transformación preocupante de esta conversación pública: de una conversación sobre cómo puede mejorar la vida de todos los individuos a una conversación preocupada por la equidad, la competencia, el mérito, la responsabilidad personal y el reparto de beneficios y cargas. Los problemas de estatus, estratificación y selectividad acaparan tanto o más de nuestra atención.
Atención que la cuestión de lo que las instituciones de enseñanza superior deben aspirar a conseguir. Pero, ¿por qué debería ser tan diferente, cuando no es menos esencial? La obtención de un título de enseñanza superior puede cambiar el curso de la vida de una persona, brindándole enormes oportunidades a las que no podría acceder de otro modo; de hecho, para muchos es un requisito previo para cumplir sus objetivos personales y profesionales, o incluso para poder simplemente ganarse la vida. Sin embargo, casi siempre se considera un privilegio, no un derecho, un privilegio por el que muchos pasan años o incluso décadas pagando una vez finalizados sus estudios. Nuestros sistemas de educación superior se basan en la presunción de que todo esto es como debe ser: que cursar estudios superiores es una elección que hacen algunas personas, pero no algo a lo que todos tengamos derecho.
Christopher Martin da la vuelta a este punto de vista argumentando que la educación superior es, de hecho, un derecho incondicional y absoluto de todos los ciudadanos en una sociedad libre y abierta. Según argumenta, una mirada más atenta al valor de la educación en una sociedad libre y abierta revela que muchos de los retos que vemos en la educación superior hoy en día pueden atribuirse a la falta de reconocimiento de la educación superior como un derecho individual. Utilizando conceptos e ideas de la filosofía política liberal, Martin demuestra que el acceso a los bienes educativos desempeña un papel clave a la hora de ayudar a los ciudadanos a hacer realidad sus objetivos autodeterminados. La educación superior debe entenderse como una institución social básica responsable de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a estos bienes.
El correctivo necesario, argumenta Martin, es sencillo: tenemos que dejar de asignar la educación superior a algunos, y asignarla a todos los que decidan cursarla. El único requisito debería ser la disposición y la voluntad de aprender. La educación superior debe ofrecer oportunidades que beneficien a ciudadanos con diferentes intereses y objetivos en la vida. Su propósito moral fundamental debería ser ayudar a los ciudadanos de todos los orígenes a vivir mejor y más libres.
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Última modificación: 2024.11.14 07:32 (GMT)