Tribunales débiles, derechos fuertes: La revisión judicial y los derechos de bienestar social en el derecho constitucional comparado

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Título original:

Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law

Contenido del libro:

A diferencia de muchos otros países, Estados Unidos tiene pocas garantías constitucionales de derechos sociales como la renta, la vivienda o la asistencia sanitaria. En parte, esto se debe a que muchos estadounidenses creen que los tribunales no pueden hacer cumplir tales garantías.

Sin embargo, las recientes innovaciones en el diseño constitucional de otros países sugieren que esos derechos pueden hacerse valer judicialmente, no aumentando el poder de los tribunales, sino reduciéndolo. En Weak Courts, Strong Rights (Tribunales débiles, derechos fuertes), Mark Tushnet utiliza una perspectiva jurídica comparada para mostrar cómo la creación de formas más débiles de control judicial puede, en realidad, permitir unos derechos de bienestar social más fuertes en el derecho constitucional estadounidense. En la revisión judicial «fuerte», como en Estados Unidos, las interpretaciones judiciales de la Constitución son vinculantes para los demás poderes del Estado.

En cambio, la revisión «débil» permite al poder legislativo y al ejecutivo rechazar las decisiones constitucionales del poder judicial, siempre que lo hagan públicamente. Tushnet describe cómo funciona la revisión de forma débil en Gran Bretaña y Canadá y analiza hasta qué punto cabe esperar que los poderes legislativos apliquen las normas constitucionales por sí solos.

Con estos antecedentes, se centra en los derechos de bienestar social, explicando la conexión entre la doctrina de la «acción estatal» o del «efecto horizontal» y la aplicación de los derechos de bienestar social. A continuación, Tushnet une el análisis de la revisión de forma débil y el de los derechos de bienestar social, explicando cómo podría utilizarse la revisión de forma débil para hacer cumplir esos derechos.

Demuestra que hay un camino judicial claro -no un obstáculo judicial insuperable- hacia una mejor aplicación de los derechos constitucionales de bienestar social.