Treason on Trial: Estados Unidos contra Jefferson Davis

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Título original:

Treason on Trial: The United States V. Jefferson Davis

Contenido del libro:

Inmediatamente después de la Guerra Civil, funcionarios federales capturaron, encarcelaron y acusaron de traición a Jefferson Davis. Si se le declaraba culpable, el ex presidente confederado se enfrentaba a la ejecución por su papel en el inicio de la guerra contra Estados Unidos. Aunque el gobierno federal persiguió los cargos durante más de cuatro años, el caso nunca llegó a juicio. En este exhaustivo análisis de la saga, Treason on Trial, Robert Icenhauer-Ramírez sugiere que, aunque la política nacional influyó en la dirección del juicio, las acciones de personas menos conocidas acabaron por impedir la condena de Davis.

Desde el principio, dos facciones principales se opusieron a que se juzgara el caso. Los norteños influyentes temían la perspectiva de un juicio público, temiendo que reabriera las heridas de la guerra y convirtiera a Davis en un mártir. Por el contrario, los sureños blancos señalaban el trato y el procesamiento de Davis como una venganza por parte del gobierno federal. Además, sostenían que el derecho a separarse de la Unión seguía estando dentro de los límites de la ley, vinculando de hecho la acusación de traición contra Davis con la constitucionalidad de la secesión.

Aunque Icenhauer-Ramírez está de acuerdo en que la política desempeñó un papel en el caso, sugiere que centrarse exclusivamente en ese aspecto oscurece la importancia de los participantes. En Estados Unidos de América contra Jefferson Davis, abogados preeminentes representaron a ambas partes. Según Icenhauer-Ramírez, Lucius H. Chandler, el fiscal local, carecía de la habilidad y el temperamento necesarios para llevar el caso a juicio. Además, el presidente del Tribunal Supremo, Salmon P. Chase, tenía pocas ganas de presidir un caso tan controvertido y obstaculizó intencionadamente los esfuerzos de la fiscalía. El hábil análisis de Treason on Trial ilustra cómo las complicaciones causadas por Chandler y Chase condujeron a un retraso de tres años y, finalmente, a la desestimación del caso en 1868, cuando el presidente Andrew Johnson concedió la amnistía general a quienes participaron en la rebelión armada.