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Risk Regulation and Administrative Constitutionalism
En la última década, la evaluación reglamentaria de los riesgos para el medio ambiente y la salud pública ha sido uno de los ámbitos más controvertidos desde el punto de vista jurídico de la actividad gubernamental contemporánea. Gran parte de ese debate se ha entendido como un conflicto entre quienes promueven enfoques «científicos» de la evaluación de riesgos y quienes promueven enfoques «democráticos».
Esta caracterización de las disputas ha ignorado los papeles centrales de la administración pública y el derecho en la evaluación del riesgo tecnológico. Esto es problemático porque, como se muestra en este libro, las disputas legales sobre la evaluación de riesgos son disputas sobre el constitucionalismo administrativo en el sentido de que son disputas sobre qué papel debe desempeñar la ley en la constitución y limitación del poder de los reguladores administrativos de riesgos. Así lo demuestran cinco estudios de casos tomados de cinco culturas jurídicas diferentes: un análisis del papel bifurcado del Southwood Working Party en la crisis de la EEB en el Reino Unido; el desarrollo de doctrinas en relación con la revisión judicial de la evaluación de riesgos en los EE.UU.
en la década de 1970; la interpretación del principio de precaución por los tribunales medioambientales y los tribunales generalistas que llevan a cabo la revisión de los méritos en Australia; la interpretación del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC como parte del proceso de solución de diferencias de la OMC; y la interpretación del principio de precaución en el contexto de la UE. Así pues, se presenta un argumento de peso para reorientar el enfoque de los estudios en este ámbito.
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Última modificación: 2024.11.14 07:32 (GMT)